Arquivo de Novembro, 2011

La insurrección katarista de 1780-1781

 

Este 14 de noviembre de 2011, se cumplieron 230 años de la ejecución en 1781 de Tupac Katari (Julián Apaza). La lucha indígena contra el dominio español precedió en casi 30 años a los levantamientos mestizos del siglo XIX y fue el verdadero inicio de la independencia de Bolivia. Recordar a nuestros héroes aymaras y quechuas es parte de la formación política de las nuevas y antiguas generaciones de revolucionarios, por ello es que les hacemos llegar un artículo escrito a base de una recopilación de textos históricos.

Tupac Katari

 

By Escuela Nacional de Formación Política, Bolivia

A 230 años de la muerte de Túpac Katari

En el año 1780 todo el altiplano de lo que hoy es Bolivia se hallaba convulsionado con la sublevación de Tupac Katari. En las principales ciudades coloniales como Potosí, Charcas (hoy Sucre), La Paz (Chuquiago) sonaban los pututus anunciando el levantamiento después de tantos años de abusos españoles.

Para los españoles dominar la insurrección era cuestión de vida o muerte. Si vencían los rebeldes, acababa el poderío de España no solo en las colonias americanas, sino en todo el imperio, en cuyos dominios nunca se ponía el sol.

Para los indios el triunfo de la sublevación significaba la recuperación de su libertad, territorio y riquezas o su definitiva claudicación ante el poderío de los blancos, de esa otra raza que llegó allende los mares para hacerse dueña de sus riquezas y someter su cultura milenaria.

La vida en los pueblos de la colonia era cada vez más insoportable para los indios originarios. Los cargos públicos, con una que otra excepción, estaban monopolizados por los españoles o sus descendientes criollos. Todas las riquezas que se extraían de Potosí y de las otras minas del Alto Perú eran conducidas a la metrópoli, quedando su producto como beneficio para el tesoro español y para los aventureros que habían cruzado los mares en busca de riquezas en el nuevo mundo. Los corregidores españoles se confabulaban con los curacas (líderes indios serviles a la colonia), curas y gobernadores, para oprimir a los indios, encarcelándolos, torturándolos y violando a la mujeres que no tenían ningún derecho ya que eran esclavas. Por estas causas muchos huyen hacia otras tierras, otros se suicidan junto a su familia o quiebran los brazos y piernas de sus hijos para que no sean esclavizados en las minas o en las haciendas.

El corregidor de Chayanta, provincia de Potosí, Joaquín A Los y Bru, conjuntamente con el recaudador de impuestos reales, inició una verdadera expoliación a los indios de aquella provincia, aumentando en forma considerable el tributo que debían pagar. El cacique de Macha, Tomas Katari, tomó la representación de las comunidades originarias de la provincia de Chayanta y viajó, primero a Potosí y después a Charcas, a reclamar por el aumento del tributo real. Pero, sus reclamos fueron inútiles tanto en Potosí como en Charcas.

No hubo autoridad que atienda y considere sus reclamaciones, ratificándose, por el contrario, la elevación del tributo sobre las tierras de origen y aprobándose las medidas adoptadas por el corregidor Alor y Bru. Tomas Katari, con mucho sacrificio emprendió viaje a la lejana ciudad de Buenos Aires de la que dependía el Alto Perú, allí se entrevistó con el virrey José Vertiz quien se comprometió a darle una recomendación para que le atiendan las autoridades de Charcas y Potosí. Katari se presentó ante la Real Audiencia de Charcas enseñando la recomendación del virrey, entonces el fiscal de la audiencia, José Castillo, al hacerse cargo de dicha recomendación pidió informe al corregidor de Chayanta, el informe de este justificaba el aumento y desprestigiaba y humillaba a Tomas Katari. Cuando Katari regresó a su casa fue tomado preso, acusado de provocar perturbaciones en el cobro de los impuestos. Este hecho exacerbó los ánimos de los originarios quienes atacaron a la guardia española que custodiaba a Katari, hasta ponerlo en libertad. Luego de esto vengaron la humillación degollando al recaudador de impuestos de apellido Bernal.

El corregidor Joaquín A Los y Bru mandó detener a Katari, considerado el cabecilla de esta revuelta. Lo hizo conducir a Charcas para su juzgamiento por los delitos de rebelión y asesinato. El 24 de agosto de 1780 el mismo corregidor de Chayanta dispuso que en el pueblo de Pocoata se levante las nóminas de los indios que debían viajar a las minas de Potosí en calidad de mitayos (servidumbre minera). Para el efecto, Alos y Bru se trasladó personalmente a Pocoata.

Cuando ya se iniciaba el empadronamiento, uno de los indios quechuas que se encontraba en el grupo de los que debía viajar a Potosí, dio el grito de rebelión. Inmediatamente todos se levantaron contra el reducido contingente de españoles encargados de su custodia. Dieron muerte a casi todos y al resto los detuvieron, entre ellos al corregidor a quien condujeron hasta el pueblo de Macha.

A la llegada de los insurrectos a esta población no hubo resistencia, los españoles que allí se encontraban escaparon dejando el pueblo a los rebeldes.

Consumada la rebelión en Macha y en Pocoata, se extendió a otros caseríos y poblados quechuas, en los que en breve tiempo circuló la noticia de la sublevación. Asumieron la jefatura del movimiento Dámaso y Nicolás Katari, los dos hermanos de Tomás.

Tan pronto como tuvieron establecidos sus reductos, enviaron emisarios a Charcas, exigiendo la libertad de Tomas Katari y haciendo saber a los oidores (funcionarios estatales) de la Audiencia de Charcas, que conservarían como rehenes al corregidor de Chayanta y al resto de los españoles y que, en caso de no liberar a Tomás Katari, los degollarían.

Ante esta amenaza la Real Audiencia de Charcas puso en libertad a Tomas Katari quien regresó a Macha, no solo con mayor prestigio ante sus compañeros, sino decidido a terminar con los abusos de los españoles.

Y la rebelión creció por todas partes: La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, unos tras otros los caseríos se fueron uniendo a la insurrección.

Los rebeldes hicieron base en Chayanta (Potosí). En las regiones aymaras de La Paz comenzó a despuntar otro líder, Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, nombre que adoptó en homenaje a Tupac Amaru (inca rebelde del Bajo Perú) y a Tomás Katari. Antes de comenzar la guerra había sido sacristán en la parroquia de Ayo Ayo situada a noventa kilómetros de la Paz. Su esposa Bartolina Sisa se unió a él cuando tenía 25 años. Bonifacio Chuquimamani, otro de los líderes del levantamiento, tomó el nombre de Manuel Clavijo.

El 13 de marzo de 1781 el Ejército Aymara decide someter a la ciudad de La Paz (conocida también como Chuquiago), sitiándola. En la Ceja de El Alto se levantó el campamento desde el cual se divisaba la ciudad. A todo esto la ciudad preparaba su defensa, Sebastián de Segurola, brigadier español, fue el líder de las milicias.

Con el paso del tiempo comenzaron a faltar los víveres y el agua en la ciudad. Todos los días el ejército katarista atacaba la ciudad, utilizando grandes pelotas hechas con lana de oveja, empapadas con aceite o impregnadas con pólvora, que arrojaban a la ciudad para causar incendios, cansar al enemigo y desgastarlos para la lucha.

El 21 de mayo Tupac Katari se aleja con rumbo norte para asegurar otras posiciones y el grueso del ejército aymara queda bajo la dirección de Bartolina Sisa, su misión es cuidar que el cerco a Chuquiago no se debilite. Los españoles, al ver a una mujer en la dirección, envían 300 soldados para capturarla.

Lejos de pensar en retirarse, Bartolina ordena el ataque que ella dirige y a fuerza de piedras los españoles son derrotados por el ejército indio en el que las guerreras aymaras lucharon a la par de los hombres.

No fue rara la participación de las amazonas aymaras y quechuas. El ejército de Quechuas de Chayanta, por ejemplo, estuvo dirigido por la viuda de Tomas Katari: Kurusa Llave, quien luchó valerosamente hasta ser derrotada por las fuerzas de auxilio que recibieron los españoles, dirigidos por Ignacio Flores.

De la misma forma Gregoria Apaza, hermana menor de Tupac Katari, quien fue compañera de Andrés Tupac Amaru, hijo del Inca Tupac Amaru, dirigió a las tropas femeninas, en varias batallas. Esta comandanta, vestida de hombre, dirigió varias ofensivas del ejército del joven Amaru.

Muchas otras mujeres anónimas andinas pelearon en los ejércitos amaristas y kataristas.

Se habían cumplido 109 días del cerco katarista cuando el 10 de julio de 1781, los españoles recibieron refuerzos desde Charcas. Después de dejar algunas provisiones que no lograron satisfacer a la población española y criolla en Chuquiago, el ejército español salió de la ciudad para asaltar las comunidades. Se produjeron nuevas atrocidades como el incendio de poblados y quema de hombres, mujeres y niños en las comunidades y el degüello de varios pobladores indios.

Tupac Katari es obligado a replegarse y en esta acción se produce la captura de Bartolina Sisa.

Cuando la comandanta se dirigía al campamento de Pampajasi (lugar cercano a La Paz) sus mismos acompañantes la traicionan y la entregaron al cruel Ignacio Flores quien la condujo presa a la ciudad de La Paz. En Chuquiago fue recibida por una lluvia de piedras, insultos y golpes. El genocida Segurola la encerró encadenada en la peor de las celdas.

Los españoles torturan a Bartolina Sisa y le dan el peor de los tratos pero la mantienen con vida esperando usarla para capturar a Katari.

El 5 de octubre sacan a Bartolina de su prisión y disfrazan las terribles condiciones en que la tenían prisionera, lavada y vestida con ropajes ajenos la colocan a pocos pasos del cerco del ejército katarista, mientras Segurola prepara el ataque con varios soldados españoles disfrazados de indígenas. Sin embargo, Tupac Katari, no cae en la trampa y envía a dos mensajeros para que entreguen alimentos, coca y oro a Bartolina. Los kataristas planearon usar el recurso de la inundación para tomar Chuquiago, el 12 de octubre es desbordada la represa a orillas del cerro Achachicala que las tropas kataristas habían construido; pero la inundación no tuvo el resultado esperado. En tanto, Chuquiago recibió un fuerte refuerzo militar muy superior en número y en armamento al ejército katarista, obligándolo al repliegue.

Tupac Katari es atacado por dos ejércitos, el de Reseguín y el de Segurola, este último ataca desde el valle de Mallasilla masacrando a diferentes poblados de indios. Katari se ve obligado a ordenar la retirada hasta la localidad de Peñas donde se encuentra con Miguel Bastidas, quien ya había desertado. Otro traidor: Tomas Inkalipe, delata a Katari y facilita su aprehensión.

Katari es conducido hasta Achachicala (a la entrada de La Paz). Rapado, con una corona de espinas y clavos en la cabeza, es paseado y expuesto a la furia de los paceños. El 14 de noviembre de 1781 es ejecutado en lo misma localidad de Peñas donde fue capturado. Amarrado por sus extremidades a las cinchas de 4 caballos que lo descuartizan, sus ejecutores luego exponen en picotas los trozos de su cuerpo mutilado.

Después de 10 meses sus restos son quemados y sus cenizas arrojadas al aire. Un año más tarde, el 5 de septiembre de 1782 los españoles y algunos mestizos, sacan a Bartolina Sisa rapada y desnuda, la hacen pasear por las calles de Chuquiago, insultada y torturada, es atada del cuello a la cola de un caballo y le ponen una corona de espinas. Muere por los tormentos. Sus miembros fueron arrancados y su cabeza clavada en un palo en Cruzpata (uno de los lugares donde inició la rebelión).

El mismo trato recibió Gregoria Apaza, compañera del joven inca Andrés Tupac Amaru, ella fue igualmente paseada con una corona de clavos y espinas junto a Bartolina Sisa, ahorcada y después despedazada. Su cabeza fue expuesta en Sorata (otro poblado donde tuvo fuerza la insurrección) luego quemada y sus cenizas arrojadas al viento. Anselmo, hijo de Andrés Tupac Amaru, un niño de 10 años fue descubierto por el Corregidor Necochea, torturado y luego muerto.

Como recompensa moral de los esfuerzos y sacrificios que tuvo que soportar, por célula real del 20 de mayo de 1784, le fue otorgada a la ciudad de La Paz el titulo de noble, valerosa y fiel.

Estas insurrecciones aymaras y quechuas por mucho tiempo no fueron parte de los libros de historia oficial. La memoria larga popular las recuperó y valoró, al punto que hoy son enseñadas en las escuelas y las universidades del país, como el verdadero inicio de la larga lucha contra el dominio colonial español, que en 1825 dio por resultado la fundación de Bolivia.

Date: 16 de Novembro de 2011 às 12:00

Publicado originalmente em Grito dos Excluidos/as Continental

Por Revista Consciência.Net

Renato Santana
De Brasília para o CIMI

O cacique Nísio Gomes (no centro da foto acima) foi executado com tiros de calibre 12 e seu corpo foi levado pelos pistoleirosO cacique Nísio Gomes (no centro da foto acima) foi executado com tiros de calibre 12 e seu corpo foi levado pelos pistoleiros

No início da manhã desta sexta-feira (18), por volta das 6h30, a comunidade Kaiowá Guarani do acampamento Tekoha Guaviry, município de Amambaí, Mato Grosso do Sul, sofreu ataque de 42 pistoleiros fortemente armados.

O massacre teve como alvo o cacique Nísio Gomes (centro da foto), 59 anos, executado com tiros de calibre 12. Depois de morto, o corpo do indígena foi levado pelos pistoleiros – prática vista em outros massacres cometidos contra os Kaiowá Guarani no MS.

As informações são preliminares e transmitidas por integrantes da comunidade – em estado de choque. Devido ao nervosismo, não se sabe se além de Nísio outros indígenas foram mortos. Os relatos dão conta de que os pistoleiros sequestraram mais dois jovens e uma criança; por outro lado, apontam também para o assassinato de uma mulher e uma criança.

“Estavam todos de máscaras, com jaquetas escuras. Chegaram ao acampamento e pediram para todos irem para o chão. Portavam armas calibre 12”, disse um indígena da comunidade que presenciou o ataque e terá sua identidade preservada por motivos de segurança.

Cartucha deixada no chão, de tipo Balas de borracha, munição usada normalmente por forças policiais - Foto: MPF/MSCartucha deixada no chão, de tipo Balas de borracha, munição usada normalmente por forças policiais – Foto: MPF/MS

Conforme relato do indígena, o cacique foi executado com tiros na cabeça, no peito, nos braços e nas pernas. “Chegaram para matar nosso cacique”, afirmou. O filho de Nísio tentou impedir o assassinato do pai, segundo o indígena, e se atirou sobre um dos pistoleiros. Bateram no rapaz, mas ele não desistiu. Só o pararam com um tiro de borracha no peito.

Na frente do filho, executaram o pai. Cerca de dez indígenas permaneceram no acampamento. O restante fugiu para o mato e só se sabe de um rapaz ferido pelos tiros de borracha – disparados contra quem resistiu e contra quem estava atirado ao chão por ordem dos pistoleiros. Este não é o primeiro ataque sofrido pela comunidade, composta por cerca de 60 Kaiowá Guarani.

Decisão é de permanecer

Desde o dia 1º deste mês os indígenas ocupam um pedaço de terra entre as fazendas Chimarrão, Querência Nativa e Ouro Verde – instaladas em Território Indígena de ocupação tradicional dos Kaiowá.

A ação dos pistoleiros foi respaldada por cerca de uma dezena de caminhonetes – marcas Hilux e S-10 nas cores preta, vermelha e verde. Na caçamba de uma delas o corpo do cacique Nísio foi levado, bem como os outros sequestrados, estejam mortos ou vivos.

“O povo continua no acampamento, nós vamos morrer tudo aqui mesmo. Não vamos sair do nosso tekoha”, afirmou o indígena. Ele disse ainda que a comunidade deseja enterrar o cacique na terra pela qual a liderança lutou a vida inteira. “Ele está morto. Não é possível que tenha sobrevivido com tiros na cabeça e por todo o corpo”, lamentou.

A comunidade vivia na beira de uma Rodovia Estadual antes da ocupação do pedaço de terra no tekoha Kaiowá. O acampamento atacado fica na estrada entre os municípios de Amambaí e Ponta Porã, perto da fronteira entre Brasil e Paraguai.

 

 

Lúcio Flávio Pinto
Articulista de O Estado do Tapajós
A maior propriedade rural do mundo começou a deixar de existir legalmente no final do mês passado. O juiz Hugo Gama Filho, da 9ª vara da justiça federal de Belém, mandou cancelar o registro imobiliário da Fazenda Curuá, que consta dos assentamentos do cartório de Altamira, no Pará. O imóvel foi inscrito nos livros de propriedade como tendo nada menos do que 4,7 milhões de hectares.
Seu suposto proprietário podia se considerar dono da 23ª maior unidade federativa do Brasil, com tamanho superior ao dos Estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e do Distrito Federal. Suas pretensões poderiam ainda exceder essas dimensões. Através de outros imóveis, pretendia alcançar uma área de 7 milhões de hectares, duas vezes e meia o tamanho da Bélgica, país onde vivem mais de 10 milhões de habitantes.
Como uma pessoa – física ou jurídica – consegue se apresentar como detentor de uma área dessas proporções e se manter nessa condição por tanto tempo, como aconteceu no caso da Fazenda Curuá?
Responder a esta pergunta de maneira satisfatória e eficaz pode contribuir para fortalecer o primado da lei nos “grotões” do país, as distantes e geralmente abandonadas fronteiras amazônicas. De forma inversa, manter tal anomalia significa perpetuar o domínio da violência e do respeito às regras da vida coletiva e ao superior interesse público.
Em primeiro lugar porque o Estatuto da Terra, editado pelo primeiro governo militar pós-1964, o do marechal Castelo Branco, continua em vigor. Esse código agrário sobreviveu à Constituição de 1988 e se revelou superior em confronto com as regras da Carta Magna. O estatuto, com seu propósito de modernizar o campo brasileiro (mesmo que de forma autoritária, à semelhança do que fez o general MacArthur com o Japão ainda semi-feudal, derrotado pelos americanos na Segunda Guerra Mundial), proíbe a constituição de propriedade rural com área acima de 72 mil hectares (ou 600 vezes o maior módulo rural, o destinado ao reflorestamento, com 120 hectares).
A Fazenda Curuá foi registrada com quase 60 vezes o limite legal. Por que o cartorário legalizou a matrícula do imóvel com sua fé pública, ele que é serventuário de justiça, sujeito à polêmica (e questionada pelo Conselho Nacional de Justiça da ministra Eliana Calmon) Corregedoria de Justiça do Estado?
A apropriação ilegal de terras públicas, fenômeno a que se dá a qualificação de grilagem, é simples, embora de aparência complexa para o não iniciado nos seus meandros. Ainda mais porque lendas são criadas em torno da artimanha dos espertos e passam a ser apresentadas como verdade.
Muita gente acredita, por exemplo, que a expressão grilagem se deve à prática dos fraudadores de colocar papéis para envelhecer artificialmente em gavetas com grilos.
A verdade é menos engenhosa. A origem é romana e diz respeito ao fato de que a terra usurpada serve à especulação imobiliária e à formação de latifúndios improdutivos. Tanta terra não cultivada acaba se tornando pasto para grilos. Uma maneira de estigmatizar de forma popularizada o roubo de terras públicas, que tantos danos causa à nação.
O espantoso, no caso da Fazenda Curuá, é que o golpe tenha se mantido por tantos anos. A ação de cancelamento foi proposta em 1996 pelo Instituto de Terras do Pará. Apesar de ter provado que nenhum título de propriedade havia na origem do imóvel, o Iterpa não conseguiu impedir que a justiça estadual mantivesse o registro incólume, decidindo sempre contra o órgão público.
Até que o Ministério Público Federal e outros órgãos da União, em função da superposição das terras griladas com unidades de conservação, reservas indígenas e assentamentos rurais, conseguiram desaforar o processo para a justiça federal, que, afinal, reconheceu a ilegalidade da propriedade e determinou o cancelamento do registro.
Essa tramitação acidentada e pedregosa seria evitada se a justiça do Pará tivesse realmente examinado as provas dos autos. Neles está demonstrado que o uso das terras no rico vale do Xingu, onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte e agem com sofreguidão madeireiros e fazendeiros, começou em 1924, sem nunca gerar domínio.
Moradores da região foram autorizados a explorar seringueiras e castanheiras localizadas em terras públicas, através de concessões com tempo determinado de vigência e para fim específico, o extrativismo. Exaurida a atividade produtiva, a área deixou de ter uso a as concessões caducaram, mas algumas pessoas decidiram inscrevê-la em seu nome.
Como os cartórios não se preocupavam (e, em sua maioria, continuam sem se preocupar) com o rigor da iniciativa, até mesmo dívidas em jogo deram causa à transmissão da inexistente propriedade de um detentor para outro. Cadeias sucessórias se formaram sem uma prova do desmembramento das terras do patrimônio público, através de um instrumento adequado de domínio.
 
Cecílio Rego de Almeida, já falecido
A lesão ao patrimônio público por causa dessas práticas ilícitas permaneceu latente até que uma das maiores empreiteiras do país colocou os olhos nesse mundo de águas, florestas, solos e animais. A C. R. Almeida, criada no Paraná por um polêmico engenheiro, Cecílio do Rego Almeida, que nasceu no próprio Pará, comprou uma firma de Altamira, a Incenxil, por preço vil (sem sequer pagá-lo por inteiro).
No ativo da firma estavam as terras cobiçadas, que seriam usadas para um projeto ecológico, no mercado de carbono (empresas estrangeiras poluidoras pagariam para manter a floresta intacta). Não conseguindo regularizá-las pela via legal, por ser impossível, o empreiteiro decidiu se apossar da área à base do fato consumado e passando por cima de quem se colocasse no seu caminho.
Cecílio Almeida montou uma pequena base no local, contratou seguranças, seduziu os índios vizinhos e fez uso da máquina pública estadual, que se amoldou à sua vontade. Os que resistiram à grilagem foram levados às barras dos tribunais, que sempre decidiram em favor do grileiro, da primeira à última instância da sua jurisdição.
Os magistrados da justiça estadual não se sensibilizaram sequer pela publicação do Livro Branco da Grilagem, editado pelo Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, que não deixava dúvida sobre a fraude praticada. Nem pelos resultados das comissões parlamentares de inquérito instauradas em Belém e em Brasília. Ou pelas seguidas manifestações de todas as instâncias do poder público, estadual e federal. Enquanto atuou sobre o caso, a justiça do Pará ficou ao lado do grileiro e, a partir da sua morte, em 2008, de seus herdeiros.
A primeira investida judicial de Cecílio Almeida foi através da justiça de São Paulo. Fui um dos processados. Mas como o foro legal da ação era Belém, por ser a sede deste jornal, pedi e consegui o desaforamento. Tinha que fazer isso, mas me arrependi. Com decisões límpidas e sólidas, a justiça paulista rejeitou as ações contra a revista Veja e os demais indiciados, incluindo o advogado paraense Carlos Lamarão Corrêa.
Carlos era diretor do departamento jurídico do Iterpa quando me convocou, 15 anos atrás, para ajudá-lo a preparar uma ação de cancelamento do registro imobiliário da Fazenda Curuá. Eu já acompanhava a pilhagem que a C. R. Almeida tentava fazer do patrimônio público fundiário. Por isso, pude dar minha contribuição para que a peça apresentada à justiça do Pará tivesse a consistência necessária para ser acolhida.
O golpe, se consumado, significaria o maior roubo de terras da nossa história. A empreiteira ficaria com parcela expressiva da valorizada Terra do Meio, região do vale do Xingu onde subsiste a maior reserva de floresta nativa da margem direito do Amazonas em território paraense. A fraude era evidente.
 
Foto: Fazenda Curuá/mariorangelgeografo.blogspot.com
Mas a justiça do Pará não só não se convenceu dos argumentos e deu ganho de causa ao grileiro como me condenou, por ter sustentado no meu Jornal Pessoal que o truculento C. R. Almeida era um pirata fundiário. Fui sentenciado de forma iníqua e vergonhosa por um juiz substituto, que assumiu a 1ª vara cível do fórum de Belém apenas por um dia para decidir sobre um só e único processo: o meu.
O juiz Amilcar Bezerra Guimarães determinou que eu indenizasse o grileiro por lhe causar dano moral. Sua sentença foi confirmada várias vezes pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, indiferente ao direito e às regras processuais que suscitei na minha defesa.
Agora, finalmente, juiz Hugo Gama Filho faz justiça à verdade, ao interesse público e às normas do direito. Ao mandar cancelar o fraudulento registro imobiliário e devolver as terras aos seus verdadeiros donos, usurpados pelo empresário, cujos objetivos foram mantidos pelos seus herdeiros, não deixa mais dúvida: o grileiro é grileiro.
O problema é que dar-lhe essa denominação é motivo para punição pela justiça do Estado do Pará, insensível ao clamor dos fatos e do interesse da coletividade paraense. Ah, os fatos: raramente penetram os umbrais do TJE.
A despeito da manifestação de mérito da justiça federal estabelecida no Pará, para os magistrados paraenses, que decidiram as sucessivas contendas processuais – até o esgotamento da instância jurisdicional – entre o grileiro e o jornalista, que o denunciou desde a primeira hora, o jornalista é quem deve continuar a ser punido. Pago esse preço desde que, por vingança, pelo prejuízo que acarretei ao empresário, acostumado que estava a ganhar latifúndios de dinheiro através de iniciativas audaciosas, ele passou a me perseguir.
Foi preciso que o processo chegasse à justiça federal para, finalmente, 15 anos depois da propositura da ação pelo Iterpa, secundado por outros agentes públicos, a situação se invertesse. Não é ainda uma decisão definitiva. Os herdeiros da C. R. Almeida deverão recorrer. Mas já sem o registro cartorial que lhes permitia manipular terras como se fossem os donos do 23º maior Estado brasileiro.
Quem sabe, a partir de agora, a intensa grilagem, um dos males que assola a Amazônia, não possa refluir?

Até um certo momento os grandes empresários mantinham um baixo perfil. Quase tinham vergonham de serem tão ricos em sociedades tão pobres. Ou também preferiam não chamar a atenção sobre as fontes da sua riqueza.

A passagem à hegemonia neoliberal, com a criminalização do Estado e da política, e a exaltação do mercado e das empresas, promoveu também a imagem dos grandes empresários. Começaram a proliferar as biografias e auto-biografias de empresários. Todos teriam nascido pobres e ascendido com muito trabalho, enfrentando todas as dificuldades, exibindo-se assim como exemplos para todos das possibilidades de ascensão ampla e irrestrita.

Da apologia dos empresários como modelo de cidadãos se passou às tentativas de sua promoção como bons governantes. Se deram certo dirigindo suas empresas, teriam que dar certo como governantes. Ainda mais que passou ao centro da agenda política o tema dos “excessivos gastos do Estado”. Ninguém melhor do que um empresário para racionalizar os gastos do Estado.

Como se a lógica da busca do lucro das empresas privadas se aplicasse ao Estado. A empresa privada busca lucros e dar satisfação aos acionistas. O Estado tem que defender os direitos da cidadania, de todos, privilegiando especialmente os mais pobres. Roberto Campos dizia que as empresas estatais deveriam dar lucro, da mesma forma que as empresas privadas. Isto é, queria que o direito de todos fosse prejudicado em favor da eficiência. Os serviços públicos, por exemplo, deveriam obedecer a esses critérios, ao invés de garantir o direito do acesso de todos à educação, à moradia, à saúde publica, à luz, à agua.

Berlusconi tornou-se o modelo mesmo do tipo de empresário de sucesso que se propôs a governar o pais com os mesmos critérios das suas empresas. Como muitos, ele encabeça um grande conglomerado de empresas, de distintos setores, incluindo a Fininvest e o monopólio dos meios de comunicação. Este aspecto, multiplicado pela mídia estatal, permitiu aumentar ainda mais o controle sobre a formação da opinião pública.

Durante quase duas décadas Berlusconi dirigiu a Itália, coincidindo com a decadência do país, misturado com casos reiterados – e assumidos – de escândalos sexuais e de corrupção, promovendo a vulgaridade e o escracho como estilo de política. Não foi a oposição, nem as mobilizações populares ou as denúncias que terminaram derrubando Berlusconi, mas ataques especulativos, mostrando que nem um grande empresário está imune a eles.

Pinera se elegeu no Chile com a mesma fama de empresário de sucesso. Impulsionado pela ditadura militar – em que seu irmão foi ministro do Trabalho do Pinochet, tristemente célebre por ter introduzido o tema da “flexibilização laboral” -, o grupo se expandiu, nas asas da expansão da Lan Chile, chegou até a comprar o Colo Colo, mesmo que torcendo para outro time.

Pinera gozou de uma lua-de-mel, mas logo começaram a se acumular crises, com mobilizações sociais contra o governo de diferentes setores, até que os estudantes expressaram o descontentamento com a privatização da educação publica – realizada por Pinochet -, catalizando o descontentamento popular. A capacidade de mobilização dos estudantes – que conseguiu agregar o movimento sindical – gerou uma crise política nacional, com o desgaste radical da popularidade de Piñera. De nada lhe adiantou sua capacidade de gerenciamento empresarial. O Estado é outra coisa, pertence à esfera política, é radicalmente diferente do mercado.

Como aqui, os governos neoliberais governavam para 1/3 da população, isto é, para o mercado, para os que tem poder aquisitivo garantido. Para isso basta um empresariado ou alguém com mentalidade empresarial. As políticas de inclusão social promoveram o resgate da política, da esfera dos direitos, do povo como cidadania. Disso os empresários, com sua mentalidade de busca do lucro, não entendem. A lógica do lucro é contraditória com a democracia.

Postado por Emir Sader às 19:19

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e a Câmara dos Deputados, realizarão na quarta-feira, dia 16 de novembro, uma audiência pública para debater o uso dos agrotóxicos em Minas Gerais e suas consequências à saúde. A agenda será realizada em uma parceria da Subcomissão sobre o Uso dos Agrotóxicos e suas Consequências à Saúde, da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados; do mandato do deputado federal Padre João (PT/MG) — propositor e relator da referida subcomissão; da Comissão de Saúde da ALMG; do mandato do deputado estadual Adelmo Carneiro Leão (PT/MG) e da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. O evento conta com o apoio, ainda, dos deputados estaduais Almir Paraca e Rogério Correia.

Foram convidados para o debate o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Brás Aparecido Barbano; o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Alves do Nascimento; o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; o Subsecretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Edmar Gadelha; o presidente da Emater, Maurílio Soares; o presidente da Fetaemg, Vilson Luiz da Silva; o coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Minas Gerais, Juseleno Anacleto da Silva; o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha; a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Jandira Maciel; o coordenador da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Marcelo Oliveira de Almeida e a representante do Comitê Estadual da Campanha Permanente contra o Uso de Agrotóxicos e pela Vida, Marília Gaia.

Os encaminhamentos da audiência integrarão o relatório final da Subcomissão da Câmara Federal.

Vale ressaltar que o Comitê Estadual da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida é composto por representantes da Articulação Mineira de Agroecologia (AMA), Assembléia Popular, Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal  (ABEEF), Caritas Brasileira Regional Minas Gerais, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-MG), EMATER-MG, Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB), Fórum das Pastorais Sociais, Grupo de Estudos em Saúde e Trabalho Rural (GESTRU),  UFMG, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Mandato Deputado Federal Padre João, Mandato Deputado Estadual Rogério Correia, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Pastoral da Saúde, Rede de Educação Cidadã (RECID – MG), Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Região Episcopal Nossa Senhora da Piedade (RENSP), Vigilância Sanitária – Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e ONG 4 Cantos do Mundo.

Audiência Pública parceria mandatos deputado federal Padre João, deputado estadual Adelmo Leão e Campanha Permanente contra o Uso de Agrotóxicos e pela Vida – Apoio: mandatos deputados estaduais Almir Paraca e Rogério Correia

Data: 16 de novembro de 2011 (Quarta-feira)
Horário: 9h30
Local: Teatro da ALMG (R. Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG)

Fonte: Assessoria de Comunicação do deputado Padre João

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A Petrobras firmou, nesta semana, parceria com 12 instituições de ensino em todo o País.

 

A concessão de bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros tem o objetivo de fomentar a formação de mão de obra para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Com as novas parcerias, 10.500 bolsas de estudos serão concedidas dentro do Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos (PFRH).

O Programa teve início em 2010, quando foram concedidas 4.600 bolsas de estudo e fechadas parcerias com 22 instituições de ensino superior e técnico de todo o País. Com as 12 novas instituições, o programa conta com um total de 34 instituições participantes e mais de R$ 200 milhões investidos.

Reduzir o índice de evasão escolar, aumentar o número de profissionais qualificados no setor e melhorar a qualidade dos estudos desenvolvidos são os principais objetivos do Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos. O programa prevê ainda a destinação de recursos para a melhoria da infraestrutura das universidades e institutos federais de educação, assinatura de periódicos, participação em congressos e outras ações.

Os valores das bolsas variam de R$ 350,00 para nível técnico, R$ 450,00 para graduação, R$ 1.248,60 para mestrado e R$ 1.840,00 para doutorado (antes da qualificação da tese) e R$ 2.278,20 (depois da qualificação da tese).

Os recursos destinados ao programa, realizado em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), têm origem na Participação Especial, como “Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento”, existente nos Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, estabelecidos entre a ANP e os concessionários.

O gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras, Diego Hernandes, destacou, durante a cerimônia de assinatura das parcerias, a importância do Programa para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. “Para dar conta dos investimentos previstos pela Petrobras e para a enorme carteira de projetos, é fundamental investir em capacitação de pessoas, e o programa, junto com outras iniciativas da Petrobras e da ANP, vem atingindo seus objetivos, além de estimular a criação de novos cursos voltados para o setor de petróleo e gás”, disse o executivo.

Para o superintendente de Pesquisa e Planejamento da ANP, Elias Ramos de Souza, que representou a agência no evento, a cláusula de pesquisa e desenvolvimento dos contratos de concessão tem propiciado recursos para o setor. “A inovação e o desenvolvimento tecnológico só acontecem por causa das pessoas, e este é o desafio que está colocado para a ANP e a Petrobras, que é formar mais geólogos, engenheiros e técnicos em todo o País”, ressaltou Souza.

(Assessoria Petrobras)


Quando dirigia a Faculdade de Direito, João Grandino Rodas colocou a tropa de choque para desalojar manifestantes. Também já recebeu uma condecoração de oficiais da reserva do Exército, defensores da “Revolução de 64″

Por Ana Paula Salviatti

Ao resgatarmos a Memória da ditadura militar brasileira (1964-1985) encontramos no meio da história o nome do atual reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas. Entre 1995 e 2002, Rodas integrou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e esteve diretamente ligado à apuração da morte de alguns militantes de esquerda, dentre eles a estilista Zuzu Angel, caso em que os militares foram inocentados.

Enquanto diretor da Faculdade de Direito, Rodas foi primeiro administrador do Largo São Francisco a utilizar o aparato policial, ao requisitar, ainda na madrugada do dia 22 de agosto de 2007, a entrada de 120 homens da Polícia Militar, inclusive da tropa de choque, para a expulsão de manifestantes que participavam da Jornada em Defesa da Educação, na qual estavam presentes representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de estudantes e membros de diretórios acadêmicos, os quais foram fichados e levados à delegacia, com um tratamento ofensivo em especial aos militantes dos movimentos populares.

Também foi Grandino Rodas que, ainda na gestão do governador José Serra (2006-2010), lavrou o documento que viabilizava a entrada da PM no campus da USP, em 2009. Durante sua administração na Faculdade de Direito, tentou sem sucesso a implementação de catracas para impedir o acesso de gente “estranha” ao prédio da instituição. Em seu último dia na direção da Faculdade de Direito, Rodas assinou a transferência do acervo da biblioteca para um prédio próximo à Faculdade, o qual não possuía perícia para tanto, apresentava problemas com a parte elétrica, hidráulica e inclusive com os elevadores. Tudo isso feito sem consultar sequer o corpo burocrático da Faculdade.

Ainda durante a gestão de José Serra, Grandino Rodas foi escolhido reitor da USP através de um decreto publicado no dia 13 de novembro de 2009. Seu nome era o segundo colocado numa lista de três indicações. Ou seja, Rodas não foi eleito pela comunidade acadêmica. A última vez que o governador do Estado impôs um reitor à Universidade — utilizando-se de um dispositivo legal criado no período militar e que está presente na legislação do Estado de São Paulo até hoje — foi durante a gestão do governador biônico Paulo Maluf, que indicou Miguel Reale para assumir a Reitoria da USP entre 1969 e 1973.

Na gestão de Rodas, estudantes têm sido processados administrativamente pela Universidade com base em dispositivos instituídos no período militar. Num dos processos, consta que uma aluna — cujo nome ficará em sigilo — agiu contra a moral e os bons costumes. Dispositivos como estes foram resgatados pela USP.

Em agosto de 2011, João Grandino Rodas assinou um convênio com a Polícia Militar para que esta pudesse entrar na Universidade. O reitor também recebeu o título de persona non grata por unanimidade na Faculdade de Direito, que apresenta uma série de denúncias contra a gestão do ex-diretor, acusando-o de improbidade administrativa, entre outros crimes. Recentemente, um novo ocorrido, a princípio um incidente, podia ser visto no campus ao ser lido na placa do monumento que está sendo construído na Praça do Relógio uma referencia à “Revolução de 64”, forma como os setores militares e demais apoiadores do golpe militar se remetem à ditadura vivida no Brasil.

Rodas também é atualmente investigado pelo Ministério Público de São Paulo por haver contratado sem concurso público dois funcionários ligados ao gabinete da Reitoria, sendo um deles filho da ex-reitora Suely Vilela. Contra Rodas também pesam denúncias de mau uso do dinheiro público. E, por último mas não menos importante, Grandino recebeu a medalha de Mérito Marechal Castello Branco, concedido pela Associação Campineira de Oficiais da Reserva do Exército (R/2) do NPOR do 28° BIB. O Marechal que dá nome à honraria, não custa lembrar, foi o primeiro presidente do Estado de Exceção vivido no país a partir de 1964.

Todas estas informações foram lembradas. No entanto, muitas outras lotam o Estado em todas as suas instituições, todos os dias, graças ao processo de abertura democrática do país, que não cumpriu o seu papel de resgatar a Memória e produzir uma História que reconfigurasse e restabelecesse os acontecimentos do regime, possibilitando a rearticulação das inúmeras ramificações do Estado, como foi feito no Chile, Argentina e mais recentemente Uruguai. A consciência dos cidadãos passa pelo tribunal da História que, ao abrir as cicatrizes não fechadas, limpa as feridas ao falar sobre as mesmas dando a cada um o que é lhe de direito.

As diversas vozes que exclamam a apatia nacional frente às condutas políticas sofrem deste mesmo mal ao não relembrarem que a história do país conduzida por “cima” não expulsou de si seus fósseis, e sim os transferiu de cargo, realocou-os em outras funções. Os resgates da imprensa são limitados às Diretas Já e ao Impeachment de 1992. Se a memória que a mídia repõe é a mesma que se debate no cotidiano, então nosso país sofre de perda de memória e , junto disso, de uma profunda inaptidão crítica de suas experiências, dando assim todo o respaldo ao comumente infundado senso comum.

Ao levantarmos o passado, constata-se que o anacronismo não está só nas inúmeras manifestações que acontecem no meio universitário, no caso a USP, mas em todas as vezes em que não são cobertas pelo noticiário as inúmeras reintegrações de posse feitas em comunidades carentes, nas manifestações que exigem a reforma agrária, nas reivindicações que exigem moradia aos sem-teto. O anacronismo está presente nas inúmeras invasões sem mandado judicial que ocorrem em todos os lugares onde a classe média não está, no uso comum de tortura pelas Polícias Militares em um Estado que se reivindica democrático, nos criminalizados por serem pobres e negros, naqueles que são executados como Auto de Resistência pelas Polícias Militares, e a lista segue. Vive-se a modernização do atraso nas mais diversas formas e matizes.

O tempo se abre novamente e aguarda o resgate da Memória e a reconstrução da História. O país tem uma dívida a ser paga com seu passado, e eis que, finalmente, a Comissão da Verdade vazia de sentido ao ser apresentada pelos inábeis veículos de informação ressurge agora preenchida e repleta de sentido. Afinal, a História dos vencedores nega o passado dos vencidos, assim como seu presente e, consequentemente, seu futuro.

 

Posted by Leandro Fortes under Ruralismo

Quem vai dar a notícia a elas?

Até aqui, coube a José Sarney o papel explícito de estorvo a ser aturado, crise após crise, pela presidenta Dilma, como o foi, em tempos recentes, pelo ex-presidente Lula. Sarney é, de certa forma, a única herança realmente maldita deixada por Lula para Dilma, e muito embora haja sempre certa disposição seletiva da velha mídia em avacalhar o ex-presidente, o fato é que, na maior parte do tempo, os jornalistas o deixam em paz. Sarney tem uma complexa rede de aliados e apadrinhados em vários setores da vida pública, inclusive dentro das redações. Sarney também domina o bilionário setor elétrico, nomeia e desnomeia ministros, é tratado com enorme deferência pelo Poder Judiciário, tanto no Maranhão, onde ainda se mantém como senhor feudal, como nas altas cortes. No Superior Tribunal de Justiça, foi brindado, recentemente, com a anulação da Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, cujo principal alvo era, justamente, Fernando Sarney, o filho mais velho do coronel e seu principal operador nos negócios da família.

Sarney tem sido, para desespero dos que ainda crêem na política como uma ação baseada na ética e na decência, uma espécie de poder moderador entre as necessidades dos governos do PT e os velhos interesses das oligarquias no Senado e, por extensão, no Congresso Nacional. Não obstante estar na origem de todos os mecanismos de produção de miséria, violência e exclusão do Maranhão, Sarney, como de resto, todos os demais do clã, posa ainda de astuto líder político capaz de apaziguar e cooptar alas descontentes do PMDB e mesmo da oposição. Como se os pilares dessa elogiada performance não fossem, no fim das contas, o domínio puro e simples das estruturas partidárias e o controle da máquina fisiológica que é, no fim das contas, o chicote que o velho coronel brande, aqui e acolá, com enorme habilidade.

A presença de José Sarney como protagonista de um governo popular nos envergonha a todos e, imagino, também a boa parte do PT, mas essa questão caminha para se tornar pequena diante do que vem por aí. Aos poucos, com a ajuda de colunistas amigos e interlocutores impregnados de pragmatismo dentro do Palácio do Planalto, a senadora Kátia Abreu, ex-DEM de Tocantins, atualmente, às vésperas de integrar o probo PSD, de Gilberto Kassab, vai se tornando a nova aliada do governo Dilma. O fato é que nos falta a medida certa da indignação, acostumados a que estamos ficando em achar que basta juntar gente cheirosa em marchas contra a corrupção para, enfim, bradar por um país melhor. Mas essa simples perspectiva – a de um indivíduo como Kátia Abreu pertencer a um governo dito de esquerda, ainda que de forma periférica – deveria servir para tocar fogo nas ruas.

Presidente da Confederação Nacional de Agricultura, líder da ultra-reacionária bancada ruralista no Congresso, Kátia Abreu é a face visível e supostamente moderna de uma ideologia que, desde o descobrimento, moldou as principais relações políticas, econômicas e sociais brasileiras. Moldura esta, é preciso que se diga, que ainda nos confere uma realidade cruel e desumana, baseada numa doutrina escravocrata e excludente, cimentada sob os interesses do latifúndio, da monocultura e da devastação ambiental. Kátia Abreu é a representação física e institucional dessa cultura perversa que produz resultados econômicos vibrantes nos campos de soja e miséria humana em tudo o mais.

Ao admiti-la como aliada, Dilma terá apunhalado cada uma das 70 mil bravas camponesas que, na Marcha das Margaridas, foram lhe prestar apoio e solidariedade, no mês passado, em Brasília.

novembro 4th, 2011 by mariafro

Dez pessoas – incluindo uma mulher que trabalhava como cozinheira – foram libertadas da Fazenda Outeiro Grande, que pertence ao reincidente Antonio Evaldo de Macedo. Empregador constou da “lista suja” entre 2008 e 2010.

Fazendeiro escraviza pela segunda vez na mesma propriedade

Por Bianca Pyl, Repórter Brasil

31/10/2011

Um grupo de dez pessoas – incluindo uma mulher que exercia a função de cozinheira – foi libertado da Fazenda Outeiro Grande, do reincidente Antonio Evaldo de Macedo. Entre 2008 a 2010, o empregador já constou na “lista suja” do trabalho escravo, cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR),  por ter escravizado cinco pessoas na mesma propriedade.


Escola municipal em quadro de total precariedade era utilizada como alojamento (Foto: SRTE/MA)

Os nove homens libertados trabalhavam na “limpeza” do terreno para formação do pastagem. A atividade principal da Fazenda Outeiro Grande é a criação de gado para corte. O flagrante de trabalho escravo ocorreu no final de agosto no município de São Mateus (MA). Conduzida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Maranhão (SRTE/MA), pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Polícia Federal (PF), a ação foi motivada por denúncia encaminhada ao MPT por outro grupo que cansou de sofrer violências durante a empreitada na propriedade.

Auditor fiscal da SRTE/MA que coordenou a ação, Carlos Henrique Oliveira contou que houve relatos de ameaças e até de agressões pelo “gato” João Lopes da Silva, que aliciou os empregados em Codó (MA). Segundo as declarações das vítimas, o “gato” chegava até a negar alimentação básica a quem não cumprisse com a meta de produtividade determinada.

O aliciador também vendia botas, isqueiros, foices, sabão e outras mercadorias em esquema de “cantina”, a preços superiores aos praticados no mercado. Tudo era registrado em um caderno e posteriotmente descontado dos salários. No final do mês, o valor efetivamente pago aos empregados não chegava nem a um salário mínimo (R$ 545). Este procedimento fez com que os trabalhadores se endividassem, procedimento conhecido como servidão por dívida, uma das características do trabalho escravo contemporâneo. As passagens de Codó (MA) para São Mateus (MA) foram pagas pelo “gato” e posteriormente cobradas na forma de descontos dos ”vencimentos”.

Açude que era fonte de água para trabalhadores também era usada por animais (Foto: SRTE/MA)

O alojamento utilizado pelas vítimas era uma escola pública municipal (foto acima). As instalações sanitárias do local não funcionavam adequadamente e, em virtude disso, não eram usadas pelas vítimas, que acabavam utilizando o mato, sem nenhuma privacidade. A água para beber, cozinhar, tomar banho e lavar as roupas era retirada diretamente de um açude (foto ao lado), próximo ao alojamento, que também era usado pelos animais da fazenda.

Nas frentes de trabalho, os empregados bebiam água armazenada irregularmente em um galão de óleo diesel. A alimentação diária se resumia basicamente a arroz e feijão.

O empregador não fornecia nenhum equipamento de proteção individual (EPI). Não havia local para as refeições, nem proteção contra intempéries. “Quando chovia”, relatou o auditor fiscal do trabalho Carlos Henrique, ”a única alternativa era trabalhar todo ensopado de água”.

Após a fiscalização trabalhista conjunta, os trabalhadores receberam as verbas rescisórias e as guias para sacar o Seguro Desemprego para o Trabalhador Resgatado. “Os empregados foram alertados para evitarem, de todas as formas, qualquer atividade trabalhista que os levassem a se tornar novamente vítimas do trabalho degradante”, conta Carlos Henrique.

A Repórter Brasil não conseguiu localizar Antonio Evaldo de Macedo para registrar a sua posição sobre esse segundo flagrante de escravidão.

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