Arquivo de 22/12/2011

Para a mídia brasileira, o livro A Privataria Tucana não merece mais que meia dúzia de linhas mas a blogosfera e as redes sociais quebraram o silêncio. Agora o livro ganha destaque internacional e está na capa de hoje (22) do jornal Página 12, da Argentina.

O texto é do jornalista brasileiro Marco Aurélio Weissheimer.

A reportagem, em espanhol, reproduzimos aqui. Boa leitura!

Privatización y piratería
Por Marco Aurélio Weissheimer, do Página 12

El libro A privataria tucana (1), del periodista Amaury Ribeiro Jr., trajo de vuelta al debate político brasileño el proceso de privatizaciones liderado por el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Producto de doce años de trabajo, el libro denuncia la existencia de un esquema de corrupción y lavado de dinero que habría sido armado alrededor de importantes líderes del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasilera), entre ellos el ex ministro de Planeamiento y de Salud, ex gobernador de San Pablo y ex candidato a presidente de la República José Serra, que en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso comandó, como ministro de Planeamiento, el proceso de privatizaciones, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.

El libro se transformó en un fenómeno en las redes sociales y una piedra en el zapato de la prensa brasileña. A pesar de haberse agotado la primera edición, de 15.000 ejemplares, en cerca de cuatro días, los principales vehículos de comunicación del país adoptaron un silencio ensordecedor sobre el tema. Solamente en los últimos días, una semana después de que el texto se convirtiera en uno de los temas más debatidos en Internet, los llamados grandes medios comenzaron a hablar del libro de una manera un tanto insólita, a saber, priorizando la versión de los acusados.

Hasta el último viernes, según informaciones de la editorial, unos 50.000 ejemplares ya habían sido vendidos –en siete días– y otros 30.000 están llegando a las librerías en los próximos días.

Publicado por Geraçao Editorial, el libro de 343 páginas relata lo que llama “verdadera piratería practicada con dinero público en beneficio de fortunas privadas, por medio de las llamadas off-shores, empresas de fachada del Caribe, región tradicional e históricamente dominada por la piratería”. La publicación tiene un elemento explosivo adicional, relacionado con las disputas internas en el PSDB. El autor dice que el punto de partida de la investigación ocurrió cuando trabajaba en el diario Estado de Minas y recibió la misión de hacer un reportaje investigativo sobre una red de espionaje que habría sido estimulada por José Serra para producir un dossier en contra del ex gobernador de Minas Gerais Aécio Neves, que estaría manteniendo algunos romances discretos en Río de Janeiro. Ese dossier tendría la finalidad de desacreditar a Aécio Neves en la disputa interna con Serra, por indicación del candidato del PSDB a las elecciones presidenciales del 2010.

Esa pauta inicial, relata Ribeiro Jr., terminó conduciéndolo a una investigación mucho más amplia, implicando a Ricardo Sérgio de Oliveira, ex tesorero de las campañas de Serra y Cardoso, el propio Serra y tres de sus parientes: Verônica Serra, su hija; el yerno Alexandre Bourgeois y el primo Gregório Marín Preciado. El resultado de esa investigación es un relato sobre la trayectoria que habría sido recorrida por el dinero ilícito, de las off-shores y empresas de fachadas en Brasil, y la consecuente “internación” de ese dinero que habría ido a parar a las fortunas personales de los implicados.

La investigación del periodista terminó alcanzando también al PT (Partido de los Trabajadores). En el último capítulo, Amaury Ribeiro Jr. relata un episodio de espionaje interno de la campaña presidencial de 2010, que habría sido montado por el actual presidente del partido, Rui Falcao, parar derribar al grupo ligado a Fernando Pimentel, actual ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Además de eso, indica que el PT, en el primer año del gobierno de (Luis Inácio da Silva) Lula, habría retrocedido en las investigaciones de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) del Banestado (Banco del Estado de San Pablo), que investigaba la existencia de esquemas de lavado de dinero, involucrando a importantes figuras de la vida política brasileña.

Pero el tema central del libro es realmente el proceso de privatizaciones, que ya fue objeto de varias denuncias en los últimos años, pero nunca con la harta documentación presentada por Amaury Ribeiro Jr. Una gran parte de esos documentos tiene como origen la CPI del Banestado, que suministró informaciones sobre la existencia de un proceso de lavado de dinero que habría sido obtenido ilegalmente de las privatizaciones. Ese es el punto de partida del texto, que se extiende hasta las elecciones presidenciales del año pasado.

El comportamiento silencioso es diferente de aquél adoptado por los medios brasileños en los últimos meses, quienes se dedicaron a la publicación de sucesivas denuncias contra ministros del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. En su gran mayoría, basadas en afirmaciones hechas por terceros, esas denuncias no siguieron la regla que ahora los grandes medios dicen utilizar para adoptar una posición de cautela con respecto al libro: “Necesitamos averiguar la veracidad de las denuncias antes de publicar algo”.

Sin embargo, la aplastadora presión del tema a través de redes sociales, blogs, portales de izquierda y la revista Carta Capital –que publicó su nota de tapa sobre el libro– terminó por producir fisuras en el bloqueo de los medios. El jueves 15, el diario Folha de Sao Paulo, ligado a Serra, publicó una nota sobre el tema, destacando las declaraciones de los acusados que buscan descalificar al periodista y sus denuncias. En el mismo día, coincidentemente, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el PSDB divulgaron una nota oficial calificando las denuncias como “calumniosas”.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el diputado Protógenes Queiroz anunció ese jueves haber obtenido las 173 firmas necesarias para instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación de la Privataria Tucana, destinada a investigar fraudes en el proceso de privatizaciones del gobierno de Cardoso. El pedido será protocolado la semana próxima.

(1) Privataria Tucana: privataria es un neologismo que mezcla las palabras privatización + piratería, y tucana se refiere al pájaro tucán, símbolo del PSDB.

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Pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo sobre as eleições municipais de 2012 dá uma idéia do grau de descrédito que se abate sobre o principal partido de oposição ao governo federal na mais importante cidade brasileira.
O indicador desse desprestígio é José Serra. O nome do ex-candidato a presidência da república pelo PSDB descamba dos mais de 40% dos votos obtidos nas últimas eleições para pífios 18%. A queda na aceitação do ex-candidato é impressionante se se considera o fato de mal haver saído de uma campanha nacional na qual teve exposição máxima.
Porém, mais eloqüente que o baixo prestígio é a rejeição ao ex-candidato, que chegou aos 35% dos eleitores pesquisados e ultrapassou em 5% o percentual que os especialistas julgam tornar uma candidatura inviável.
Os outros nomes tucanos tampouco se saem melhor. Bruno Covas, secretário do meio ambiente é o que mais se destaca com 6% dos votos. Os demais não pontuam mais que 2% da preferência do eleitorado.
O quase impúbere candidato Covas já enfrenta, no entanto, dificuldades para usar o nome do avô devido ao seu noticiado envolvimento com o escândalo das propinas na Assembléia Legislativa de São Paulo e com a tentativa de aplicação do esquema da inspeção veicular em 126 municípios do estado de São Paulo.
De outro modo, mas espelhando o mesmo fenômeno de perda de credibilidade do partido que governou com Kassab a capital até bem pouco tempo, o PSDB vê crescer a influência tanto de Dilma quanto do ex-presidente Lula. No estado, Dilma já ultrapassa em popularidade Alkimin com 51% de aprovação contra 48% do governador; e entre os paulistanos, quase 55% dizem que votariam no candidato indicado por Lula a prefeito.
Como desgraça pouca é bobagem, conforme o dito popular, também a moralidade, principal mote eleitoral de todas as campanhas do partido dos tucanos, parece ter-lhes sido arrancado definitivamente à boca. Acaba de chegar às livrarias obra jornalística que revela a prática de desvios de recursos públicos, enriquecimento ilícito e indícios de formação de quadrilha por parte de importantes nomes dos quadros da sigla durante as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso.
Nessas circunstâncias, têm peso de análise sociológica profunda as palavras de FHC sobre os percalços enfrentados pelo partido que ajudou a fundar: o futuro do PSDB é mais incerto que o futuro do euro, disse ele.
Talvez não se referisse à moeda européia mas a outro tipo de euro, o eurocomunismo: proposta altissonante de projeto político de tipo socialdemocrata que, a exemplo do neoliberalismo atual, começou a fazer água com o descrédito de seus principais fiadores, Enrico Berlinger e George Marchais.
Publicado originalmente em Brasil que Vai

 

Reproduzido do blog do autor no Terra Magazine, 17/12/2011; título original “Privataria Tucana e a espera por Godot-Gurgel.” via Observatório da Imprensa

O livro do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, A Privataria Tucana, da Geração Editorial, com primeira edição esgotada em menos de 48 horas, começa com uma informação de capa: “Os documentos secretos e a verdade sobre o maior assalto ao patrimônio público brasileiro. A fantástica viagem das fortunas tucanas até o paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. E a história de como o PT sabotou o PT na campanha de Dilma Rousseff”.

Com o livro na praça, os canais telemáticos e as redes sociais movimentaram-se extraordinariamente, abundaram comentários e caixas-postais eletrônicas lotaram.

Não tardou a crítica quanto à posição silente dos denominados veículos tradicionais de mídia a respeito do livro, do seu conteúdo e dos documentos anexados.

Talvez tenham esses veículos que não se manifestaram concluído pela veracidade da afirmação do senador Álvaro Dias que, sem ler o livro, falou em “matérias requentadas”. Ou, talvez, estejam à espera do sempre tardieiro (confira-se caso Palocci) procurador-geral Roberto Gurgel. Com Gurgel, poderão correr o risco de ficar à espera de Godot, aquele personagem do teatrólogo irlandês Samuel Beckett.

A segunda edição do livro será apresentada quarta-feira [21/12], na sede paulistana do sindicato dos bancários, segundo corre pelas redes sociais.

Exceção da verdade

O estranho, a essa altura do campeonato e não se perca de vista a contundência do informado na capa do livro, é o silêncio tumular do excelentíssimo procurador-geral da República. E espera-se que não caia na prevaricação.

Como sabem até os rábulas de porta de cadeia de pobre, o direito de punir criminosos, incluída a chamada burguesia mafiosa brasileira, é do Estado-administração. E o seu exercício se dá por meio de ação criminal, cuja titularidade foi, pelo contrato social chamado Constituição de 1988, entregue ao Ministério Público. Isto porque o Ministério Público representa a sociedade civil.

Infelizmente, não temos no Brasil a ação penal popular. Aquela referida e defendida pelo saudoso jurista José Frederico Marques.

Pela ação penal popular, que não se confunde com a ação popular voltada a invalidar atos e contratos administrativos lesivos ao patrimônio financeiro público, qualquer do povo, no exercício da cidadania, poderia apresentar, para julgamento do Poder Judiciário, uma pretensão punitiva tipificada nas leis positivas criminais.

E já passou o tempo em que se cogitava que o pedido de arquivamento por parte do Ministério Público gerasse a legitimação de qualquer do povo para promover a ação. A respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de a última palavra caber ao Ministério Público.

No nosso sistema processual e criminal, frise-se, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, observada a competência processual-constitucional dos órgãos federal e estaduais.

Até para desatentos leitores, o livro do jornalista Amaury Ribeiro Júnior apresenta notícias de crimes que não podem, exceção ao que ocorre em repúblicas bananeiras, escapar ao crivo do procurador Roberto Gurgel, procurador-geral da República e chefe do Ministério Público federal.

Em outras palavras, o procurador Roberto Gurgel deveria, até para não se cogitar crime de prevaricação, examinar, em regular procedimento a ser instaurado, o conteúdo e documentos referidos no livro A Privataria Tucana. Mais ainda, caso haja notícia de crime fora da sua atribuição, caberia enviar o procedimento à procuradoria competente.

Aqueles veículos de mídia que se mantém silentes talvez aguardem a palavra de Roberto Gurgel, até esclarecer se os documentos, em especial os que decorreram de exceção da verdade apresentada em juízo pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior, já foram objeto de análise pela Procuradoria-Geral da República: por evidente, não valerá o argumento de que Comissão Parlamentar de Inquérito já os apreciou, pois, como frisado acima, o titular da ação penal pública é o Ministério Público.

Pano rápido

A estranheza maior, pelo menos da minha parte, não está no silêncio de algumas mídias, mas no silêncio sepulcral de Roberto Gurgel.

O procurador Roberto Gurgel, já criticado ao se pronunciar pela constitucionalidade da Lei de Anistia aos torturadores do regime militar e que deu tratamento inusitado ao caso do ex-ministro Antonio Palocci, tarda a dar uma satisfação à sociedade. Afinal, a meta, voltando a Frederico Marques, é não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes.

Que tal a sociedade civil organizada participar formalmente a Roberto Gurgel que o livro A Privataria Tucana apresenta notícias de crimes? O ofício seguiria com um exemplar para conhecimento de Gurgel que, pelo visto, ainda não as tem em mãos.

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[Wálter Fanganiello Maierovitch é jurista]

A mulher que colocou juízes no banco dos réus é hoje acusada de tentar promover uma devassa na vida de 231 mil pessoas. A corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Eliana Calmon, foi denunciada por dirigentes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).

De acordo com a agência O Globo, em ofício assinado em 1º de dezembro, Eliana Calmon determinou que as investigações começassem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E pediu que fossem analisadas as declarações de bens e rendimentos apresentados por magistrados e servidores, principalmente nos casos com movimentação acima de R$ 500 mil no período de 2006 a 2010. A investigação deveria abranger cônjuges e filhos. Calmon pediu ainda que fosse dada prioridade para outros tribunais como o de Justiça da Bahia (TJ-BA), o Militar de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho do estado do Rio de Janeiro (TRT-RJ).

Para embasar sua decisão, ela citou material que recebeu do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo o documento, foi detectado o volume de R$ 173,6 milhões em movimentações em espécie. O Coaf informou que, desse total, 34,9% estão concentrados na justiça paulista, no Tribunal de Justiça do DF e no TJ-BA.

O mesmo documento informa que, em 2008, três pessoas, duas do Tribunal Militar de São Paulo e uma do TJ-BA, estão na lista de comunicação de movimentação atípica. Essas três pessoas teriam movimentado no ano R$ 116,5 milhões. O documento do Coaf informa ainda que, em 2002, foram registradas 16 comunicações de movimentação atípica, no total de R$ 282,9 milhões, envolvendo uma pessoa ligada ao TRT do Rio.

Nesta quarta-feira, em nota, as três entidades criticaram a iniciativa do CNJ de investigar juízes a partir de dados do Coaf. “O ministro Lewandowski nada mais fez do que restabelecer a verdade jurídica violada e a normalidade institucional, ao suspender a medida adotada pela Corregedoria Nacional de Justiça, que, sem qualquer justa causa, submeteu os magistrados ao constrangimento ilegal de quebra de sigilo bancário e fiscal. O ministro nada mais fez que cumprir a Constituição”, diz o texto.

Segundo as entidades, autoras da ação que resultou na decisão de Lewandowski, o CNJ obteve dados sigilosos de 231 mil pessoas sem autorização judicial. O presidente da AMB, Nelson Calandra, comparou o fato ao caso do jardineiro Francenildo dos Santos, que teve informações sigilosas violadas indevidamente em 2006, provocando a demissão do então ministro da Fazenda, Antonio Palocci.

– No passado, um jardineiro teve o sigilo quebrado e caiu um ministro. Aqui, se viola o sigilo bancário e fiscal de 231 mil pessoas e não acontece nada! – reclamou Calandra.

Também nesta quarta-feira, o presidente do STF, Cezar Peluso, e o próprio Lewandowski divulgaram nota defendendo a decisão que interrompeu as investigações. Calandra e a própria corregedoria do CNJ garantiram que Lewandowski não está na lista dos investigados, ao contrário do que noticiou a “Folha de S.Paulo”.

A Advocacia Geral da União (AGU) pediu nesta quarta-feira que o STF suspenda a liminar do ministro Marco Aurélio Mello que esvazia o CNJ. Na segunda feira, Marco Aurélio atendeu um pedido da AMB e restringiu os poderes do CNJ. Pela decisão do ministro, o conselho só pode iniciar uma investigação sobre irregularidades de tribunais e magistrados depois da conclusão das apurações das corregedorias locais.

No mandado de segurança em que pede a derrubada da liminar de Marco Aurelio, a AGU argumenta que a decisão do ministro “viola a Lei nº 9.868/99 e o Regimento Interno do Supremo Tribunal, bem como os princípios do colegiado e do devido processo legal”.

Para a AGU, a decisão de Marco Aurélio pode provocar “uma série de prejuízos às investigações promovidas pelo Conselho”. A Corregedoria Nacional de Justiça analisa um total de 503 processos sobre irregularidades e corrupção relacionadas a magistrados.

Publicado originalmente no brasil 247